Laureano Figuerola

(Laureano o Laureà Figuerola Ballester; Calaf, 1816 - Madrid, 1903) Economista y político español. Fundador de la Sociedad Libre de Economía Política, defendió activamente el librecambismo y la necesidad de transformar las estructuras políticas del régimen. Siendo ministro de Hacienda, realizó en 1868 la reforma monetaria que estableció como base la peseta. La abolición del arancel (1869) provocó grandes tensiones, particularmente entre el régimen y los intereses de los industriales catalanes.

Laureano Figuerola

Miembro en 1835 de la Junta de Barcelona, Laureano Figuerola contribuyó a la normalización y unificación de la enseñanza en los primeros años de la década de 1840 con la publicación de obras como el Manual Completo de Enseñanza (1841) y la Guía legislativa e inspectiva de instrucción primaria (1844), así como con la creación, en 1846, de la Escuela Normal de Barcelona. Entre 1847 y 1853 ejerció como catedrático de Economía Política y Derecho Político y Administrativo en la Universidad de Barcelona, y en 1853 como catedrático de Derecho Político en la de Madrid.

Elegido diputado del Partido Progresista durante el Bienio Progresista (1854-1856) y en 1858, en 1859 ingresó en la Asociación para la Reforma de Aranceles del Cobden Club de Londres. En 1860 fundó, junto a destacadas personalidades liberales, como José Echegaray y Segismundo Moret, la Sociedad Libre de Economía Política, institución que presidió y que orientó su actividad a la defensa de la doctrina económica del librecambio.

Figuerola participó en la Revolución de 1868, con la que se inició el Sexenio Democrático (1868-1874), durante el cual integró la Junta de Madrid y, posteriormente, fue nombrado ministro de Hacienda en los Gobiernos presididos por los generales Francisco Serrano (1868-1869) y Juan Prim (1869-1870); en este último fue substituido por Constantino Ardanaz.

Las primeras medidas de Laureano Figuerola como ministro de Hacienda estuvieron destinadas a favorecer el desarrollo del capitalismo mediante la implantación de una política económica plenamente liberal. Para llevar a cabo este planteamiento era urgente emprender la reforma fiscal, que se inició con la supresión de impuestos de los consumos (1868), reemplazado por el impuesto personal destinado a gravar la riqueza individual (su escasa eficacia obligó a abolirlo al año siguiente), y los impuestos de caballerías y carruajes, de la renta de la sal y de las sucesiones directas. Figuerola quería substituir todos estos gravámenes por el impuesto sobre la renta, iniciativa que no llegó a realizarse, entre otras razones por las dificultades que conllevaba su recaudación.

Otra tarea que Figuerola debió afrontar fue la reducción del importante déficit hacendístico (superaba los quinientos millones de pesetas, con una deuda oprimida por más de seiscientos), que trató de solventar por medio de tres emisiones de títulos: la primera constó de bonos del Tesoro, con lo que se consolidó la mitad del déficit, hecho que en la práctica obligaba a mantener emisiones indefinidas de deuda exterior; las otras dos (el llamado empréstito Rothschild y el contraído con el Banco de París) tuvieron un coste muy elevado, ya que se presentaron como garantía las minas de Almadén (Ciudad Real).

La escasa efectividad que tuvieron las medidas adoptadas por Figuerola (fracasó en la reforma fiscal y no solucionó el endeudamiento) llevó a una situación de bancarrota perpetua, que se mantuvo durante todo el Sexenio Democrático. Mayor éxito tuvo la reforma monetaria (1868), con la que consiguió fijar la peseta como unidad de cuenta y adaptar el patrón bimetálico de la Unión Monetaria Latina. También se flexibilizó la legislación referida al control y creación de bancos, tanto emisores como territoriales, estos últimos destinados a potenciar las actividades agrarias.

Sin embargo, el punto fundamental de su programa económico fue la Ley de Bases Arancelarias (el llamado arancel Figuerola), promulgada en 1869 y destinada a introducir el librecambismo con el objetivo de modernizar y abrir al exterior la economía española. La nueva legislación eliminaba todas las restricciones tanto para las exportaciones como para las importaciones, incluido el derecho diferencial de bandera, y establecía para las mercancías tres tipos de derechos de aduanas: fiscales, de balanza y extraordinarios; estos últimos, según la Base quinta, se mantendrían inalterados hasta 1875, aunque después experimentarían una reducción gradual que debía concluir en 1881.

Una de las repercusiones más positivas de esta política aperturista fue la entrada de capital y tecnología extranjeras, hecho que incidió especialmente en el desarrollo de sectores como la minería y la siderurgia. Buen ejemplo de ello son las minas de mercurio de Almadén, traspasadas a los Rothschild, quienes se comprometieron a alcanzar una producción mínima anual de 32.000 francos, muy superior a la obtenida habitualmente.

La puesta en práctica del arancel Figuerola contó con una fuerte oposición de los grupos socio-económicos partidarios del proteccionismo, encabezados por la burguesía catalana y por los cerealistas castellanos, que formaban un importante grupo de presión con representantes en todos los partidos políticos. Las protestas tuvieron una amplia repercusión entre los industriales de Cataluña, agrupados en torno a la asociación Fomento de la Producción Nacional (fundada en 1869) y la Liga Proteccionista Española, creada el mismo año en Barcelona por empresarios y obreros pertenecientes al Círculo de Dependientes de Comercio.

El principal argumento de los proteccionistas catalanes (encabezados por Juan Güell, Bonaventura Carles Aribau y Pedro Bosch y Labrús, entre otros), sobre todo en el caso de la industria textil algodonera, era la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones con experimentadas potencias industriales como Inglaterra (cuna de la revolución industrial), de manera que la implantación del librecambismo equivaldría a la destrucción de una importante fuente de riqueza y de empleo. Sin embargo, para Figuerola y los librecambistas (Segismundo Moret, Emilio Castelar, Gumersindo de Azcárate), el mantenimiento de los aranceles conllevaba perpetuar el aislamiento y el retraso de la economía española respecto a los países más desarrollados, circunstancia que imposibilitaba la maduración del capitalismo. Las duras críticas que recibió su gestión al frente del Ministerio de Hacienda le impulsaron a dimitir.

No sólo sus coetáneos dudaron de la eficacia de imponer un librecambismo radical, sino que algunos economistas actuales, como Ramón Tamames, han afirmado que, de haberse mantenido el arancel de 1869 en las décadas siguientes, buena parte de la industria ya establecida habría desaparecido.

Esta tesis ha sido rebatida por autores como Gabriel Tortellá, que han defendido la idea de que, sin aranceles, la industria se habría visto obligada a evolucionar hacia la especialización en productos menos afectados por la competitividad del mercado mundial (como ocurrió en Bélgica y Suiza), proceso que además hubiera tenido efectos positivos para el sector industrial: mecanización, aumento de la competitividad (descenso de los precios) y elaboración de productos de mayor calidad. Ello es también aplicable a los propietarios agrícolas, quienes preferían cultivar el cereal con métodos primitivos y venderlo caro en el mercado nacional que arriesgar sus capitales para aumentar la productividad y buscar nuevos cultivos más adecuados a las condiciones del mercado mundial.

Tras ser relevado al frente del Ministerio de Hacienda, Figuerola fue elegido senador por Madrid (1870). Durante el reinado de Amadeo de Saboya (1870-1873) se afilió al Partido Demócrata-Radical de Manuel Ruiz Zorrilla, de ideología republicana, y en 1872 fue nombrado presidente del Senado. Al abdicar Amadeo I, votó a favor de la instauración de la Primera Republica (1873-1874). La Ley de Bases Arancelarias quedó abolida tras la restauración de la monarquía de los Borbón en la persona de Alfonso XII.

Laureano Figuerola fue uno de los firmantes de las bases del documento fundacional de la Institución Libre de Enseñanza, así como su primer presidente; en calidad de tal inauguró en octubre de 1876 el primer curso académico. Su actividad política continuó ligada al republicanismo, hecho que le impulsó a colaborar con Ruiz Zorrilla, Nicolás Salmerón y Cristino Martos en la fundación, en 1876, del Partido Republicano Progresista, formación que abandonó en 1883. Presidió además la Academia de Ciencias Morales y Políticas (1898-1903) y el Ateneo Científico y Literario de Madrid, y fue miembro de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País y de la Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.

Cómo citar este artículo:
Fernández, Tomás y Tamaro, Elena. «». En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea [Internet]. Barcelona, España, 2004. Disponible en [fecha de acceso: ].